En una acción coordinada, el bloque de oposición en el Senado de la República ha decidido reactivarse para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la reciente reforma que modifica el derecho de amparo, vista como un grave recorte a las garantías individuales en México.
Movimiento Ciudadano (MC), que previamente se había distanciado de otras iniciativas opositoras, ahora se une al resto de los partidos representados en el bloque de contención para impugnar esta reforma legal. La decisión se ha tomado como respuesta a las modificaciones que eliminan la suspensión provisional y la suspensión provisional con efectos generales, así como a la reforma a la Ley de Amnistía, que otorga al Presidente facultades para liberar presos sin contrapeso institucional.
Según senadores de oposición, entre ellos Clemente Castañeda, líder formal de la bancada de MC, esta impugnación será presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las próximas semanas. Esta acción legal busca detener decisiones legislativas que, según las minorías, vulneran derechos fundamentales y afectan negativamente a la sociedad.
La necesidad de al menos 43 firmas para interponer la acción de inconstitucionalidad ha sido cumplida con la suma de los integrantes del PAN, PRI, PRD y senadores sin grupo parlamentario, alcanzando las 40 firmas necesarias. La participación de Movimiento Ciudadano en esta iniciativa refleja un cambio de postura respecto a acciones anteriores, donde se habían distanciado por diferencias estratégicas con otros partidos de oposición.
El documento de impugnación está siendo elaborado por el Partido Acción Nacional (PAN), y se espera que sea presentado antes del vencimiento del plazo constitucional. Esta medida busca revertir las reformas que han generado controversia y preocupación entre diversos sectores de la sociedad y especialistas en derecho constitucional.
En resumen, el bloque opositor en el Senado ha decidido unirse nuevamente para defender el derecho de amparo y otros principios constitucionales ante lo que consideran una amenaza legislativa sin precedentes.
Fuente: Excélsior
