El Senado de la República dio un paso importante hacia la reforma del artículo 123 de la Constitución, que busca transformar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en un ente que, además de otorgar créditos, tenga la capacidad de construir viviendas sociales accesibles para trabajadores, especialmente jóvenes. La propuesta fue aprobada por unanimidad en comisiones y se prevé que el pleno del Senado la discuta y vote esta semana.
La iniciativa, respaldada por las comisiones de Puntos Constitucionales, Vivienda, Reordenamiento Urbano y Estudios Legislativos, obtuvo 33 votos favorables de los partidos Morena, PT y PVEM, así como del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.
El senador Ricardo Anaya del PAN apoyó la propuesta de construcción de un millón de viviendas y el esquema de arrendamiento para jóvenes. No obstante, expresó su inquietud sobre el financiamiento, señalando que aún no se ha aclarado de dónde obtendría el gobierno los 600 mil millones de pesos necesarios para el proyecto. Además, advirtió sobre los desafíos presupuestales que el país enfrentará el próximo año, entre ellos la desaceleración económica, las pérdidas de Pemex y el gasto social.
Por otro lado, el senador Manuel Huerta, de Morena, atribuyó el déficit de vivienda social a la especulación financiera, que ha encarecido los créditos. Huerta subrayó que la reforma busca ofrecer créditos accesibles y justos para los trabajadores, sin que estos generen una carga excesiva en sus ingresos.
Desde Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio expresó su apoyo a la construcción de vivienda social como una estrategia para reducir la pobreza y la desigualdad. Asimismo, Claudia Anaya, del PRI, también votó a favor aunque advirtió que incluir en la Constitución un crédito “barato y suficiente” podría implicar desconocer la dinámica de las tasas de interés y los créditos. Sin embargo, reiteró su respaldo a la propuesta de vivienda social.
El dictamen plantea que todas las empresas agrícolas, industriales, mineras, entre otras, estarán obligadas a aportar a un fondo para proporcionar viviendas adecuadas a sus trabajadores. También se establece que el arrendamiento de estas viviendas no podrá exceder del 30% del salario de los trabajadores, lo cual, según la bancada de Morena, fortalecerá el Programa de Vivienda y Regularización del gobierno de Claudia Sheinbaum, con el objetivo de entregar un millón de viviendas.
Este avance en la reforma representa una apuesta por mejorar las condiciones de vivienda de la clase trabajadora, aunque el debate en el pleno del Senado podría arrojar nuevas observaciones y modificaciones antes de su eventual aprobación final.
Fuente: Latinus
